El intercambio de información sobre amenazas y vulnerabilidades de ciberseguridad produce enormes beneficios, ya que permite a las entidades conocer rápidamente los vectores de ataque nuevos y en evolución y protegerse contra ellos.
Resumen
El intercambio eficaz de información proporciona un beneficio económico significativo a las organizaciones involucradas; ayuda a proteger a las empresas contra vulnerabilidades propagadas por un eslabón débil en la cadena de suministro; y sirve al interés público general al mejorar la seguridad y la resiliencia en toda la comunidad global. En Estados Unidos, aprovechar los beneficios de los programas de intercambio de información a menudo puede verse obstaculizado por una comprensión incompleta del riesgo legal. Este documento aborda estas preocupaciones. Evalúa la posible responsabilidad, las protecciones disponibles y las mejores prácticas para garantizar un intercambio de información eficaz que mitigue el riesgo legal.
Objeto de este documento
El intercambio eficaz de información sobre ciberamenazas nuevas y en evolución puede ayudar a las organizaciones a gestionarlas mejor, con importantes beneficios tanto para las organizaciones implicadas como para el público en general. Se trata de una acción colectiva con beneficios colectivos. Ayuda a evitar que una entidad se convierta en el vector involuntario de una amenaza que se propaga a todo un sector y más allá. Dicho esto, las entidades del sector privado a menudo no están seguras de qué puede y debe compartirse, cómo compartir información sin infringir inadvertidamente las obligaciones legales y de cumplimiento, y cómo llevar a cabo el intercambio de información de forma que se minimicen los riesgos de responsabilidad. Este documento aborda cada una de estas consideraciones. Sirve como recordatorio de los beneficios del intercambio de información. Ofrece orientación sobre qué puede y debe compartirse, en consonancia con el objetivo primordial de crear un entendimiento común y mitigar los riesgos de las amenazas emergentes; y aborda las cuestiones legales y de cumplimiento, sugiriendo las mejores prácticas para compartir información y, al mismo tiempo, mitigar la responsabilidad y otros riesgos legales y reputacionales. Dicho esto, este documento no pretende constituir asesoramiento legal; las entidades deben consultar con un abogado para que les ayude a definir los detalles de cualquier acuerdo de intercambio de información.
